Soy Alejandro Urdiales, investigador privado titulado e independiente. Trabajo como profesional liberal en el ámbito de los asuntos privados y en la obtención de información relevante para su posible aportación como prueba en procedimientos judiciales.

Mi ámbito de actuación es nacional e internacional. Dentro de España, solo acepto encargos que se desarrollen en la provincia de Málaga y su entorno, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

No presto servicios de seguridad ni protección de bienes, establecimientos o personas. Mi trabajo se sitúa exclusivamente en la investigación privada de carácter civil y probatorio, con especial atención a la utilidad jurídica de la información, la confidencialidad y el trato directo con el cliente.

Servicios de investigación privada

En esta tercera vía desarrollo servicios de investigación privada orientados exclusivamente a asuntos privados y a la obtención y aportación de prueba en procedimientos judiciales. No investigo "por curiosidad", sino cuando existe un interés legítimo y una finalidad clara.

Asuntos privados

Intervengo en conflictos y situaciones de ámbito personal, familiar o patrimonial en los que es necesario comprobar hechos, aclarar dudas razonables o disponer de información contrastada antes de tomar una decisión importante. 

Investigación con fines probatorios
Desarrollo investigaciones dirigidas a identificar, fijar y documentar hechos que puedan ser relevantes en un procedimiento judicial, ya en curso o en preparación. El objetivo es que la información obtenida pueda articularse como prueba de manera técnicamente defendible.

Informes e intervención en juicio
Cuando el asunto lo requiere, el trabajo se plasma en un informe estructurado que recoge los hechos relevantes, la metodología seguida y, en su caso, el material obtenido (documental, gráfico, etc.). En el ámbito judicial, estos informes pueden completarse con la intervención en sala, conforme a las reglas de la prueba y de la valoración judicial.

Colaboración con abogados y despachos
Presto apoyo externo a abogados y despachos que necesitan reforzar la base fáctica de un caso mediante investigación privada especializada. Esta colaboración se plantea siempre al servicio de la estrategia procesal del letrado, con coordinación, reserva y un enfoque técnico centrado en la calidad de la prueba.

Cómo trabajo

Mi forma de trabajar difiere en algunos aspectos de la de otros despachos. Parto de una idea básica: muchas veces el cliente no sabe de antemano si el resultado de la investigación le va a ser realmente útil, por eso estructuro el servicio en fases claras.

1. Estudio previo del asunto
Analizo la información disponible, la finalidad de la investigación y las posibles líneas de trabajo. Si el encargo no es viable o no puede aportar utilidad real, lo digo desde el principio.

2. Propuesta de intervención
Defino el alcance de la investigación, el tipo de actuaciones a realizar, los límites temporales y el resultado que cabe esperar en términos prudentes, junto con las condiciones económicas. Todo ello se refleja por escrito en el contrato.

3. Investigación, documentación e informe
Ejecuto las actuaciones acordadas, documento los hechos relevantes y, cuando procede, elaboro un informe preparado para su posible uso en el ámbito judicial o en la toma de decisiones del cliente. En los procedimientos, el informe puede completarse con mi intervención como testigo técnico/testigo‑perito, conforme a lo previsto en la ley procesal.

Honorarios

Formación y trayectoria

LEC (art. 265.1) -> A toda demanda o contestación habrán de acompañarse:

• Los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden. 
• Los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones.

LEC (art. 299)-> Medios de prueba

1. Los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio son:

• Documentos privados.

• Dictamen de peritos.

• Interrogatorio de testigos.

2. También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso.

3. Cuando por cualquier otro medio no expresamente previsto en los apartados anteriores de este artículo pudiera obtenerse certeza sobre hechos relevantes, el tribunal, a instancia de parte, lo admitirá como prueba, adoptando las medidas que en cada caso resulten necesarias.

LEC (art. 340). Condiciones de los peritos (detectives):

• Los peritos (detectives) deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este.

LEC (art. 380)-> Interrogatorio acerca de los hechos que consten en informes escritos.

• No procederá la tacha del testigo por razón de interés en el asunto, cuando el informe hubiese sido elaborado por encargo de una de las partes.
• El autor del informe, una vez acreditada su habilitación profesional, habrá de reconocerlo y ratificarse en su contenido, antes de que se le formulen las preguntas pertinentes.
• El interrogatorio se limitará a los hechos consignados en los informes.
• Si los informes contuvieren también valoraciones fundadas en conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos de sus autores, se estará a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 370, sobre el testigo-perito.

LECrim (art. 726)

• El Tribunal examinará por sí mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos o a la más segura investigación de la verdad.

CE (art. 24.2)

• Todas las personas tienen derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.

CP (art. 199)

1. El que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.
2. El profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.

CP (art. 26)

• Se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.

LOPD (art. 5)-> Deber de confidencialidad.

1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.
2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.
3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

LO 1/1982 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.

LOPJ (art. 11)

• No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.

• El TS define a los DP como testigos privilegiados y añade en diferentes sentencias que es "un instrumento dotado de exclusividad para el eficaz control por el empresario de los deberes exigibles al trabajador" (STS, 06/11/90) afirmando igualmente que "el testimonio emitido por los DP tiene, a favor de su veracidad, no sólo la garantía de profesionalidad exigible y en principio también presumible, en una profesión reglamentada legalmente, sino también de la que, de modo innegable, proporciona la precisa y continuada dedicación al objeto del ulterior testimonio a emitir y las complementarias acreditaciones gráficas o sonoras de que puede ir acompañada".

• "La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS (12/05/98) considera legal que un organismo público contrate a DP para investigar a sus funcionarios públicos durante su horario laboral, ya que ello no vulnera el derecho a la intimidad".

• "La ley procesal autoriza a las partes a valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados por la ley, admitiéndose como tales medios mecánicos de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido, salvo que se hubieran obtenido por procedimiento que suponga la violación de derechos fundamentales y libertades públicas" (TSJ de Cataluña, 05/05/93).

• La AEPD ratifica a los DP como los únicos que pueden investigar datos personales en materia financiera; "representantes del TS, de la AN y de la DGPGC asumen en unas jornadas sobre morosidad que la figura del DP es el único profesional habilitado para investigar la lucha contra el intrusismo, el cumplimiento de la LOPD y la incorporación de los datos investigados por parte de la entidad financiera".

• La Sala de lo Social del TS ha dictaminado que el informe del DP es prueba válida para la acreditación de incumplimientos laborales (551/2023).

• El Juzgado de lo Mercantil de Málaga ha dictaminado que un informe de solvencia sacado de Internet no basta para constituir una prueba en un pleito por un conflicto entre empresas sino que debe ser complementado con otras pruebas que confirmen lo que en los mismos se refleja, como pudiera ser el informe de un DP.

• El TSJ de Andalucía en sentencia 1506/2020, ha declarado ajustada a derecho la condena a un trabajador a indemnizar a la empresa por, entre otros conceptos, el coste de la investigación encargada a DP para descubrir y acreditar los hechos que justificaron su despido.

• La sentencia del Tribunal Constitucional 186/2000, de 10 de julio dice que para comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad de modo que sea una prueba válida y no vulnere la LO 1/1982, es necesario constatar si cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto). 

• La Audiencia Provincial de Málaga sobreseyó la causa que pesaba sobre el IP Alejandro Urdiales, por la colocación de un localizador GPS en el vehículo de un investigado. No hay delito alguno en dicha conducta.